Por Víctor Manuel Barceló R.
Las Constituciones políticas de la nación, marcan momentos estelares de su vida. La de 1857 -grande y dificultosamente lograda- abrió puertas al México de nuestros días: libre, soberano, laico, republicano. Ella cumple ciento cincuenta años, con el redivivo conflicto entre liberales y conservadores. Nos movemos, hoy, entre una derecha en el poder, y la realidad de la nación forjada que, salvo el doloroso lapso de más de treinta años del porfiriato, crece en el paradigma de los principios juaristas, que nos dieron nacionalidad y confirmaron patria y libertad. Construimos la nación, en largo período de conflictos militares y vaivenes ideológicos, a partir de la independencia, a principios del siglo XIX, hasta la Reforma y sus Leyes de mediados de ese siglo.
La concepción patria, se adiciona de: lucha por la tierra; rescate de nuestros recursos naturales y una postura internacional de dignidad, en el respecto irrestricto a las decisiones de otros pueblos, que la Revolución Mexicana plasmó en la Constitución de 1917. Ese es el país que hoy nos enorgullece. El pueblo surgido, del peonaje acasillado y la burguesía revolucionaria, fueron construyendo –primera mitad del siglo XX- un andamiaje jurídico e institucional, que dio cauce al crecimiento económico, de hasta un 6% anual, que se mantuvo por cinco décadas. Recursos producidos por el pueblo: cambiaron fisonomía de poblados y ciudades; disminuyeron sosteniblemente el analfabetismo estructural del mexicano; construyeron infraestructura productiva en campo y zonas fabriles, proveyendo de empleo a millones de mexicanos.
El genio tecnológico de la ingeniería nacional, encauzó el rescate del petróleo y energía eléctrica, a servir en la evolución económica y social de la nación. Pero el intenso esfuerzo, que llevaba ruta de superación de enormes carencias del pueblo, dio “vueltas de campana”, a mediados de los ochenta del siglo XX y se encaminó a implantar en el país, tesis económicas y criterios político-sociales que afectaron, aún más, la desigualdad entre los mexicanos. El neoliberalismo nos llevó a ampliar la distancia, entre los pocos que mucho poseen y las grandes mayorías de pobres, que pueblan campo y orillas de ciudades. La corrupción devino en vicio colectivo entre elites poderosas, y arrastró al Partido de la Revolución a perder el poder -dos veces consecutivas- dejando en manos de la derecha –antijuarista, antirrevolucionaria y entreguista- el control de instancias federales y muchos rincones del territorio nacional.
Hoy, el añejo proyecto de vender el país se mantiene vivo. Muestra su “piel de oveja” en el “señero afán” de modernizar la Constitución. Ya dio color en la federalización y descentralización modernas. Reformas a la Constitución, de fines de la legislatura anterior –que aún no pasan por la Cámara de Diputados- amenazan a la estructura de relaciones entre Federación y estados. Están en el empeño por entregar a estados y municipios, facultades y atribuciones, por ahora exclusivas de la Federación, mediante la inclusión en el régimen de facultades concurrentes –federales, estatales y municipales- de asuntos como: educación, salud, vivienda, seguridad pública, asentamientos humanos, desarrollo económico, protección civil, turismo, comunicaciones y transportes, medio ambiente, agricultura, pesca, ganadería y otros más. Vigilancia, de cómo se desenvuelve este tratamiento en la Cámara Baja, será una de las formas para recordar, activamente, a la Constitución del 57 defendiendo, a 150 años, la vigencia de una nación soberana y unida.
Cuidado extremo se espera, para que la normatividad –imperativo técnico- no desvincule a la Federación de su compromiso para con la unidad nacional. Partir en 32 pedazos, el trato a cualesquiera de los temas indicados, es un acto delicado, grave para la salud de la patria. Es como entregar el poder en pequeños permisos para ejercerlo. Es olvidar que poder es responsabilidad, razón de ser del Estado.
El Art. 124 de la Constitución vigente, establece el principio clásico -general en las constituciones federales- de que las facultades que no estén expresamente concedidas a la Federación, están reservadas a estados y municipios. Juristas afirman que es norma que nos distingue de una confederación; salvaguarda fundamental de estados y municipios, contra abusos del poder central. Pero despojar a la Federación de atribuciones exclusivas, en los temas señalados, es desmantelar su capacidad de preservar el patrimonio y pone en riesgo la integridad nacional. Estemos muy pendientes de la evolución de esta tendencia y su tratamiento en la Cámara de Diputados. No venga por allí escondido -cual blanca paloma- el mercado y la subasta de recursos al mejor postor, junto al desmantelamiento, paulatino pero certero, de las naciones.
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